La Alcaldía Distrital de Santa Marta, a través de la Oficina de Asuntos Disciplinarios, se permite informar ante la comunidad samaria, los medios de comunicación y la opinión pública en general, que se ordenó la Suspensión Provisional de los Docentes ROBERTO CARLOS NUÑEZ, MARIA DEL CARMEN CEBALLOS REDONDO Y CARMEN ELENA PEROZO PEREZ adscritos a la Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta:
La Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, en el marco de sus funciones constitucionales y legales de vigilancia a la conducta oficial, ordenó mediante Autos adiados mayo 30 de 2024, la SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los docentes ROBERTO CARLOS NUÑEZ, MARIA DEL CARMEN CEBALLOS REDONDO Y CARMEN ELENA PEROZO PEREZ adscritos a la Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta, por el término de tres (3) meses, sin derecho a remuneración; por estimar que la permanencia en sus cargos, posibilita que continúen reiterando sus conductas objeto de reproche disciplinario, las cuales se encuentran íntimamente ligadas a la presunta falsificación de título académico.
El Jefe de Asuntos Disciplinarios, emboza esta medida en que la suspensión provisional no es una sanción sino una medida preventiva de carácter temporal, de prudencia disciplinaria, que tiene por objeto, entre otros, evitar la reiteración de la conductas hipotéticamente irregulares, en aras de privilegiar el interés general y por tratarse de una decisión transitoria que no desconoce la presunción de inocencia; amén que con la mencionada medida, se pretende evitar la continuación y reiteración de la presunta falta disciplinaria por parte de los docentes, teniendo en cuenta que mientras se mantengan en el ejercicio de su cargo seguirían reiterándose en tales comportamientos.
Finalmente, el Jefe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios, precintó y rememoró que la importancia en la acreditación del título profesional como licenciado, radica en la necesidad de proporcionar educación de calidad a los niños y niñas del distrito de Santa Marta, con lo cual, la presunta falta cometida por los investigados, además de transgredir los deberes que les correspondían como servidor público, generó una vulneración de derechos de los estudiantes de las instituciones educativas en donde dictaron y dictan clases, contribuyendo con esto a generar serios elementos de juicio que soportan la medida a tomar consistente en la suspensión provisional, toda vez que, con sus actuaciones los disciplinados, pudieron poner en peligro la calidad de la educación impartida, pues sus idoneidades para ejercer sus cargos supuestamente no se derivó de ningún título universitario, con lo que posiblemente transgredieron los principios que sustentan la función administrativa, especialmente el de la moralidad.
