La vigilancia digital se ha convertido en una de las mayores amenazas para el ejercicio del periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión en América Latina. Así lo advierte el informe “El impacto de la vigilancia digital en la libertad de expresión en las Américas”, presentado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), documento que expone ante los representantes de los Estados de la región los graves desafíos que enfrenta la democracia frente al avance de las tecnologías de espionaje digital.
El informe, aprobado en septiembre de 2025, sostiene que las tecnologías de vigilancia utilizadas por los Estados han dejado de ser mecanismos excepcionales de seguridad para convertirse en prácticas cada vez más normalizadas, afectando directamente derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento y la participación ciudadana.
Uno de los puntos más alarmantes revelados por la CIDH es el uso de software espía como Pegasus, empleado para infiltrar teléfonos móviles de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas ambientales, abogados, opositores políticos y líderes sociales en distintos países del continente. El informe documenta casos en México, El Salvador, República Dominicana y Colombia, entre otros, donde estas herramientas habrían sido utilizadas para vigilar, intimidar y perseguir voces críticas.
Para el periodismo, las consecuencias son profundas. El informe advierte que la vigilancia digital destruye la confianza entre periodistas y fuentes, genera autocensura y provoca un ambiente de miedo constante. Muchos comunicadores entrevistados por la CIDH aseguraron haber cambiado sus rutinas, restringido contactos y modificado sus investigaciones por temor a ser vigilados.
“Pegasus es una manifestación más de lo que significa desafiar la narrativa oficial”, relató uno de los periodistas afectados, citado en el documento, quien explicó cómo las fuentes dejaron de comunicarse por temor a ser identificadas por los organismos estatales.
El informe también expone que la vigilancia no solo afecta a periodistas y activistas, sino que impacta directamente la democracia. Según la Relatoría Especial, los gobiernos utilizan estas tecnologías para reforzar el control político, limitar la oposición y reducir el espacio cívico, mientras la ciudadanía normaliza cada vez más la idea de vivir bajo monitoreo constante.
Otro aspecto que genera preocupación es el avance del reconocimiento facial, el rastreo de geolocalización y la recopilación masiva de datos biométricos. Países como Brasil, Argentina y Estados Unidos han sido señalados por implementar sistemas de vigilancia masiva que, según la CIDH, pueden derivar en discriminación racial, detenciones injustificadas y persecución de manifestantes y opositores políticos.
La Relatoría Especial advirtió además sobre el creciente papel de empresas privadas en la industria de la vigilancia digital. El documento sostiene que existe una relación cada vez más estrecha entre gobiernos y compañías tecnológicas que desarrollan herramientas de espionaje, lo que ha convertido la vigilancia en un negocio multimillonario a escala global.
Frente a este panorama, la CIDH pidió a los Estados miembros de la OEA fortalecer los controles judiciales, garantizar la transparencia, crear organismos independientes de supervisión y establecer mecanismos efectivos de reparación para las víctimas de vigilancia ilegal. Asimismo, insistió en que las tecnologías de vigilancia deben utilizarse únicamente bajo criterios estrictos de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
El informe concluye con una advertencia contundente: la normalización de la vigilancia digital amenaza con transformar la relación entre los ciudadanos y el Estado, debilitando la libertad de expresión y poniendo en riesgo el futuro de las democracias en el continente. Para el periodismo, el desafío es aún mayor, pues el espionaje digital no solo vulnera la privacidad de los comunicadores, sino que atenta contra el derecho de toda la sociedad a estar informada.
