La firma del convenio suscrito por los Ministerios de Salud y Protección Social, Defensa Nacional y el Fondo Colombia en Paz, este último en representación de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), se constituye como un hito que permitirá atender a población firmante del Acuerdo de Paz y a víctimas del conflicto armado con discapacidad por lesiones de guerra, ya que tras más de siete años desde la firma del Acuerdo de Paz por primera vez se asignan recursos del Estado para su atención diferencial en salud.
El convenio 056 de 2024, a través del cual se aúnan, articulan y coordinan recursos administrativos, financieros y jurídicos de manera colaborativa contará con fases para su ejecución, la primera con una destinación de $40 mil millones, con los cuales se espera atender a población firmante del Acuerdo de Paz con discapacidad por lesiones de guerra en frentes como: certificación de discapacidad, rehabilitación en los niveles de baja y media complejidad y protésica, procedimientos de alta complejidad, quirúrgicos y gastos conexos en salud para cerca de 1.280 personas firmantes de paz, que corresponden en promedio a un 70% de las 1.884 caracterizadas con discapacidad por lesiones de guerra.
“Este hecho reafirma el compromiso del Gobierno del Cambio para contribuir significativamente a los procesos de reincorporación integral de esta población que enfrenta además enormes retos y dificultades por cuenta de la estigmatización y la discriminación, para quien se garantizará su derecho la salud en condiciones de dignidad y con enfoque diferencial”. Expresaron los voceros del gobierno representantes de las entidades que suscriben el convenio.
El objetivo es superar las barreras de acceso a la salud de las y los firmantes de paz, atender de manera diferencial las lesiones derivadas del conflicto, sobre todo aquellas que por su ocurrencia en medio de la guerra no fueron tratadas de forma que pudiera mitigarse o reducir el daño, y garantizar el principio de oportunidad y atención en salud. Así mismo, en el caso de las víctimas del conflicto armado la apuesta es contribuir a la garantía de sus derechos fundamentales, especialmente a la vida digna.
De este modo y con acciones afirmativas en el Gobierno del Cambio se inicia un proceso de articulación interinstitucional que potencia la respuesta del Estado para garantizar los derechos de esta población, que es sujeto de especial protección como lo establece la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad.
El proceso permitirá fortalecer a las redes e Instituciones Prestadoras de Salud de carácter público como encargadas en primera instancia de la rehabilitación funcional, especialmente en los municipios PDET. Así mismo, se cubrirán los gastos conexos en salud para aquellas personas que requieran atención en lugares alejados de su residencia.
La atención especializada que no reemplazará la establecida por la red de salud pública estaría a cargo de prestadores de salud con quienes se suscribirían futuros convenios, en función de sus servicios ofertados y las necesidades especiales de la población.
Para la primera fase el proceso es acompañado de manera activa por la Asociación CONELAEC, que congrega a personas firmantes de paz con discapacidad, adultas mayores y con enfermedades de alto costo, cumpliendo un papel fundamental en la identificación de necesidades en los territorios.
¿Quiénes son las personas en proceso de reincorporación con discapacidad por lesiones de guerra?
Según la ARN la distribución de esta población incluye, por género, 340 mujeres, 1.543 hombres y una (1) persona diversa; 938 personas en proceso de reincorporación tienen entre 29 y 45 años, 57 entre 18 y 28 años, 229 entre 46 y 59 años, uno (1) no registra información y 659 son adultos mayores.
Por tipo de discapacidad, la física corresponde a la mayoría de la población caracterizada (1.310 personas), seguida por visual (258), múltiple (189), auditiva (101), psicosocial/mental (17) e intelectual (9).
La mayoría de la población se ubica en los departamentos de Meta, Antioquia y Caquetá.
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